Es muy importante para la libertad del imputado el juicio que se le aplicara, ya que la aplicación de uno o de otro dependerá la pena y el delito solicitado por el ministerio público, por lo que siempre es necesaria la asesoría acabada en cada casa para su correcta aplicación y obtención de beneficios.
ABOGADOS PENALES EXPERTOs
Ponce de León y Compañía cuenta con Abogados especializados en el Área del Derecho Penal Nacional e Internacional
Con 15 años de experiencia en Defensas Penales, nuestros abogados penales se enfocan en brindar calidad y valor a nuestros clientes, además con la confidencialidad y el secreto profesional que es requerido en la defensas de personas en el ámbito penal. Logramos esto a través de soluciones legales judiciales y extrajudiciales. Todos merecen una oportuna defensa de sus Derechos Penales.
Especialistas en toda clase de delitos
Los principales delitos económicos son falsificación de instrumento privado mercantil; abuso de firma en blanco; apropiación indebida; usurpación de nombre; depositario alzado; usura; cohecho; negociación incompatible; uso malicioso de instrumento público; ejercicio ilegal de la profesión, entre otros. Además, infracción a las leyes de Quiebras, Sociedades Anónimas, General de Bancos e Instituciones Financiera, sobre Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito y Débito, de Informática, al Código Tributario y a la Ordenanza de Aduanas.
Entre los principales encontramos:
Giro Doloso de Cheques
Comete el delito, la persona (titular de la cuenta corriente o su representante) que gire un cheque sin tener los fondos o créditos suficientes en la cuenta corriente en poder del banco. O luego de girar el cheque retirase los fondos disponibles, o invalide el cheque.
Obtención Fraudulenta De Créditos
Consiste en el que obtuviera un crédito de instituciones públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicio a la institución.
Estafa
Las estafas engloban varias conductas que tienen como elemento común el engaño a la víctima. En las estafas, el delincuente consigue que sea la víctima la que, de forma voluntaria, le haga entrega del bien.
Apropiación Indebida
El delito de apropiación indebida consiste en apropiarse, hacer suyos dineros, efectos o cualquier cosa mueble, que se haya recibido a título de depósito, comisión o administración, u otro título que produzca una obligación de entregar o devolver la cosa.
Abuso de firma en Blanco
El delito de abuso de la firma en blanco consiste en los que cometieren alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio de este o de un tercero.
Falsificación de Instrumento Privado o Mercantil
Consiste en la alteración del contenido de algún documento de carácter privado emitido por un tercero y que a su vez produzca un perjuicio.
Defensas y Querellas especializadas en delitos que puedan atentar contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de las personas.
Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo o nacionalidad.
Los niños y niñas son más vulnerables a ser víctimas de estos delitos por parte de una persona mayor, ya que muchas veces se ocupa la fuerza física, la presión o el engaño.
En este ámbito no existe el consentimiento de la víctima, menos en el caso de los menores de edad, porque tienen experiencias, madurez biológica y expectativas muy distintas a las de un adulto.
En la mayoría de los casos, los delitos sexuales ocurren a través de un proceso gradual y no en un evento único.
Entre los delitos sexuales de mayor ocurrencia se encuentran la violación y el abuso sexual, y en el caso de tener como víctima a menores de 14 años, siempre constituyen delitos que se deben denunciar.
Delito de Violación
La violación consiste en acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal. El abuso sexual, por su parte, es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como por ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; exhibir o registrar material pornográfico particularmente a menores de edad o presenciar espectáculos del mismo carácter, entre otros.
Es un delito que investiga la Fiscalía cuando se trata de agresiones psicológicas habituales, agresiones físicas que ocasionan lesiones, amenazas de daño y/o muerte. Si se trata de malos tratos psicológicos que no son habituales, o físicos que no causan lesiones, son conductas que conocen los Tribunales de Familia.
¿ Qué es la Violencia Intrafamiliar?
Es todo maltrato que afecta la vida, integridad física o psíquica y que se comete contra integrantes de la familia propia o del esposo (a) o conviviente, tales como: padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, nueras, yernos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, esposo (a), conviviente, o ex esposo (a) o ex conviviente, padre o madre de un hijo en común y menores de 18 años, discapacitados o mayores de 60, dependientes del grupo familiar.
Delitos contra la Propiedad
Principalmente son dos, no obstante, existe en nuestro derecho penal una lista importante, y que, básicamente consiste en apropiarse de algo sin el consentimiento de una persona, siendo los más comunes el robo y el hurto. El robo es el delito en el cual alguien se apropia de algo de otro usando la violencia o la intimidación en las personas o la fuerza en las cosas (como romper una ventana). Si la apropiación de algo de otro se hace sin violencia, intimidación o fuerza en las cosas, es un hurto.
Delitos en la Ley de Transito
Son aquellos delitos que se comenten en la conducción de vehículos motorizados, y que, al tener el carácter de gravedad, como por ejemplo la muerte de una persona, son constitutivos de delitos y susceptibles de ser investigado por el Ministerio Público.
Ley de Armas
la Ley N°17.798 tipifica delitos de peligro abstracto, cuya construcción exige una delimitación precisa a fin de evitar que ellos se transformen en delitos de peligro presunto (que se puedan cometer a través de las armas). Como bien jurídico supraindividual cuya protección penal estaría justificada por la posibilidad de afectación mediata a bienes jurídicos individuales de mayor relevancia (vida e integridad física).
Ley 20.000, Ley de Drogas
Esta ley persigue la venta ilícita calificadas como narco o micro tráfico de estupefacientes y que En Chile protege principalmente, la salud física y mental de aquel sector que puede verse afectado por el resultado nocivo de las sustancias que se encuentran prohibidas, de forma de evitar una eventual dependencia física o psíquica al consumo frecuente de las mismas, también contempla otros bienes jurídicos, como el consumo de personal armado y medios de transporte, el peligro concreto en la salud individual, el suministro de drogas a menores, entre otros
Homicidios
El homicidio consiste en matar a otra persona. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias del hecho, la justicia determina que sanción se aplica o si no se condena al responsable (como, por ejemplo, cuando actuó en defensa propia). También el homicidio en determinadas circunstancias afectivas y familiares se conoce como femicidio, parricidio o infanticidio.
servicios penales
La audiencia de control de la detención se encuentra contemplada en los artículos 131 y 132 inciso 1° del CPP, que rezan lo siguiente: “, que señala: Cuando la detención se practicare en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que la hubieren realizado…conducirán inmediatamente al detenido a presencia del juez que hubiere expedido la orden…el fiscal podrá…ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, contados desde que la detención se hubiere practicado…” y “Art. 132. Comparecencia judicial. A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal. La ausencia de éstos dará lugar a la liberación del detenido…”.
Se desprende de esas normas que la persona detenida debe tener una audiencia judicial en la cual se revise la legalidad de la detención. El plazo máximo para poner a disposición del juez competente al detenido es el de 24 horas desde que se practica la detención propiamente tal.
En dicha audiencia, el tribunal debe controlar la detención resolviendo si ella se ajusta a la normativa vigente. En caso de no concurrir los presupuestos de legalidad, debe declararlo así con sus ulteriores consecuencias.
La audiencia prevista en el artículo 132 del CPP tiene por objeto poner a disposición del tribunal al detenido en aquellos casos en los cuales el Ministerio Público quiera ejercer la facultad de formalizar la investigación o bien requerir al detenido, verbalmente, en procedimiento simplificado (art. 393 bis del CPP) . A esa audiencia puede concurrir o un fiscal o un abogado asistente de éste. En este último caso para que la comparecencia del abogado asistente sea válida, el fiscal a cargo debe haber facultado expresamente a éste a fin de habilitarlo para que concurra a dicha audiencia y efectúe las peticiones pertinentes. En caso de que no exista tal delegación expresa de facultades, la que debe ser acreditada a todos los intervinientes, debe entender que el Ministerio Público no ha comparecido a la audiencia, debiendo ordenarse la libertad del detenido .
En dicha audiencia, se pueden dar dos situaciones:
a) Que se formalice investigación.
El fiscal o abogado asistente formalizará la investigación cuando existan antecedentes necesarios para efectuar dicha comunicación. Sin embargo, hay otra exigencia para que sea posible formalizar investigación: la presencia del abogado defensor. En caso de que no esté presente un abogado defensor (sea de confianza o de la Defensoría Penal Pública) le está vedado al Ministerio Público formalizar la investigación debiendo únicamente ampliarse la misma. La ponderación de los antecedentes necesarios al momento de controlar la detención no es del fiscal ni del abogado asistente, sino que es el tribunal, quien en cumplimiento del deber de resguardar los derechos del detenido , debe efectuar tal análisis, debiendo fundar adecuadamente su decisión al tenor del artículo 36 del CPP . Si se formaliza la investigación, el ministerio público puede efectuar otras solicitudes al juez. El mismo derecho tienen los demás intervinientes que concurran a la audiencia . Eso sí, y una vez que el Ministerio Público haga uso de ese derecho y en forma previa a las solicitudes de los demás intervinientes, el juez debe darle la palabra al imputado, a fin de que manifieste, si lo desea, lo que estime pertinente . En esa audiencia la defensa podrá solicitar la fijación de un plazo judicial para el cierre de la investigación al tenor del art. 234 del CPP, como cualquier otra petición que estime adecuada no existiendo limitación alguna ya que no se restringe en ninguna norma legal el ejercicio de ese derecho.
b) Que se amplíe la detención.
Cuando el fiscal o el abogado asistente de fiscal, actuando expresamente facultado este último, carezcan de los antecedentes necesarios para formalizar la investigación, puede solicitar se amplíe el plazo de ella hasta por el término máximo de tres días a fin de recabar los antecedentes que faltan para realizar esa actuación. Como ya se señaló, es el juez de garantía quien debe examinar si es procedente la mantención o no de la detención por el período de ampliación. Para fundar la decisión que resuelve dicho incidente, el juez no sólo debería ponderar los antecedentes existentes al momento de la audiencia sino que también debería analizar los presupuestos generales de las medidas cautelares, es decir, la apariencia de un buen derecho y el peligro en la demora, presupuestos que deben ser revisados en cuanto a la necesidad de la mantención de la medida cautelar por el período de tres días o el solicitado por el ente persecutor. No es lo mismo ordenar la detención judicialmente o bien en hipótesis de flagrancia, las que tienen por objeto únicamente poner al imputado a disposición del tribunal que ordena que una detención ya realizada se mantenga en el tiempo por un lapso superior al de 24 horas. Para ello el juez debe hacer una reevaluación de esos presupuestos, ya que tienen a la vista distintas finalidades. Es perfectamente posible que el juez declare legal una detención pero no acceda a su ampliación por no estar vigentes los presupuestos materiales de la detención (por ejemplo, que se quiera ampliar la detención por una falta o bien que la persecución penal termine en una salida alternativa y el detenido tenga domicilio conocido, etc.)..
Los horarios de los controles de detención en el centro de justicia son de Lunes a Domingo a las 11:00 y 16:30.
La formalización de la investigación es un acto fundamental dentro de la etapa de investigación, en el procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción penal pública. Ello, porque su finalidad es dar a conocer el contenido de la imputación, permitiendo así contar con la información necesaria para articular la defensa. Además, porque el acto está dispuesto de modo que el ministerio público goza de bastante libertad para realizarlo pero, una vez llevado a cabo, constituye un límite para dicho órgano —y para el querellante— a la hora de formular la acusación.
En segundo lugar, se tiene en cuenta el derecho fundamental implicado en este tema, el derecho a conocer el contenido de la imputación, señalado como la base o el presupuesto elemental para el ejercicio de los restantes componentes del derecho de defensa. Al respecto, se examina la naturaleza de la imputación, se advierte su relación con el objeto del proceso, cosa que lleva a concluir que tampoco ella permanece fija durante la etapa de investigación y, finalmente, se señala la existencia de actos procesales destinados a darla a conocer.
Lo anterior conduce a determinar qué puede ser controlado por el juez de garantía. Partiendo de la base de que el art.229 CPP define el acto, la respuesta consiste en que el juez debe verificar que lo que el Ministerio Público realiza, se corresponda con aquello en que legalmente consiste una formalización de la investigación.
La aplicación de medidas cautelares en el proceso penal, es una constante para el imputado ene este proceso, ya que sus fines son asegurar el resultado del proceso y el resguardo de los intereses de la sociedad.
¿Qué es una medida cautelar?
Es una medida restrictiva o privativa de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado, que decreta el tribunal con competencia penal a solicitud de parte interesada y siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación.
Se clasifican en medidas cautelares personales y reales según afecten la libertad personal o la libertad de disposición patrimonial o administración del imputado y dependiendo de la medida que se decrete, tendrá por objeto asegurar los fines del procedimiento, velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima y/o asegurar la existencia de bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización a esta.
¿Qué tipos de medidas cautelares existen?
Tenemos medidas cautelares reales y medidas cautelares personales.
Entre las medidas cautelares personales podemos mencionar la citación, prisión preventiva, privación de libertad domiciliaria; sujeción a la vigilancia de una persona o institución; obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe; prohibición de salir del país; prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; prohibición de comunicarse con personas determinadas; prohibición de acercarse al ofendido o su familia.
En tanto, se consideran medidas cautelares reales las precautorias autorizadas en el título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo, la prohibición de celebrar actos o contratos sobre de determinados bienes.
Audiencia de revisión de medidas cautelares
Las medidas cautelares han estado en el penal, casi desde siempre, con el nombre prisión preventiva; por supuesto, que originalmente era lo único como ya se señaló.
¿ Qué es la Violencia Intrafamiliar?
Es todo maltrato que afecta la vida, integridad física o psíquica y que se comete contra integrantes de la familia propia o del esposo (a) o conviviente, tales como: padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, nueras, yernos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, esposo (a), conviviente, o ex esposo (a) o ex conviviente, padre o madre de un hijo en común y menores de 18 años, discapacitados o mayores de 60, dependientes del grupo familiar.
En razón a las diferentes delitos y penas que contempla nuestro Código Penal, el imputado encontrarse con diferentes Juicios, de los cuales solo es aplicable uno. Estos juicios tienen el mismo objeto, establecer la responsabilidad penal de las personas, no obstante se aplican en diferentes circunstancias que pasamos a conocer a continuación.
Juicio Simplificado
Este procedimiento se llama así debido a que “simplifica” las distintas etapas de un juicio ordinario normal. El fiscal deberá requerir, en lugar de la formalización, un procedimiento simplificado, para delitos a los que corresponda una pena menor a 540 días. Al momento de que el Fiscal presente el requerimiento, se fijará una audiencia, lo cual debe ser notificado al imputado con al menos 10 días de anticipación a la audiencia. En esta audiencia, el juez le preguntará al imputado si reconoce responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento del Fiscal, por lo que antes de ir a la audiencia, se debe haber estudiado las consecuencias de dicha aceptación con el Abogado Defensor.
Juicio Abreviado
En aquellos delitos en que el Fiscal solicite una pena no superior a 5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo o cualquiera otra pena de cualquier naturaleza inferior a ésta. Puede ser pecuniaria, única, conjunta, alternativa, etc. Como su nombre lo dice, se trata de un procedimiento que termina en la primera audiencia, acortando el procedimiento. Para que se pueda aplicar este procedimiento, el imputado debe estar de acuerdo, manifestándolo expresamente en la audiencia. Un abogado deberá orientar al acusado respecto a si es conveniente o no aceptar este procedimiento.
Juicio Oral
Toda persona involucrada en un delito, tiene derecho a ser juzgado mediante un procedimiento de juicio oral. La preparación para este tipo de juicio, se lleva a cabo frente al Tribunal de garantía, para que luego conozca y falle el Tribunal oral en lo penal. Lo característico de la audiencia de juicio oral es que el juez toma conocimiento más directo de las pruebas y las alegaciones. En la práctica, hay tres jueces que conocen todo lo que se les presente en la audiencia de juicio oral, y en virtud de lo que se haya rendido en ella, fallan sentencia absolutoria o condenatoria. Ya seas imputado o víctima, te asesoramos durante todo el desarrollo del juicio o